“Con la Fuensanta hemos topado”. O eso debió pensar el ministro de Hacienda cuando conoció la polémica que, por culpa de su afán recaudatorio, amenazaba con levantar en armas a los murcianos. Y todo porque a alguien se le ocurrió en 1897 subastar parte de los terrenos del santuario de la Patrona, el eremitorio de La Luz y el convento de Santa Catalina del Monte. Así, de una tacada.
Los diarios murcianos se hicieron eco de la noticia el 31 de octubre de 1897. ‘Las Provincias’ advertía al gobernador de que “puede surgir en esta capital un disgusto de orden público”. Al parecer, se extendió el rumor de que “se han vendido malamente un trozo o trozos de monte, de los que por soberana voluntad de este pueblo y sanción de los siglos pertenecen a nuestra Santa Patrona”.
El redactor señalaba que era peligroso “jugar con el fuego” y más bien debía apagarse “en sus primeros chispazos, cuando fácilmente puede hacerse con solo aplicar la planta del zapato”. Es más, el rotativo exigía que “se anule esa venta y pronto, porque es tan ilegal como temeraria”.
En similares términos se pronunció el mismo día ‘El Diario’, que tituló la crónica como “Despojo popular”. En sus páginas aclaraba que la subasta se había publicado en el Boletín de Ventas, “anunciando trozos de terreno inculto, de monte, con linderos fantásticos” que, en realidad, correspondían a “la Fuensanta, la Luz y Santa Catalina”.
Por “mil y pico pesetas”
Conocidos los hechos, el Cabildo de la Catedral envió un informe al ministro para que procediera a la anulación de la subasta e instó al Ayuntamiento de Murcia a que hiciera lo propio con el monasterio de La Luz, que era y es de su propiedad. ‘El Diario’ también revelaba que la venta apenas había ascendido a “mil y pico pesetas”.
Superado el revuelo inicial, que colmó las tertulias y corrillos de los murcianos aquella semana, los periódicos aclararon el caso en los días posteriores. La primera reacción vino firmada el 1 de noviembre por Eugenio Brugarolas, responsable en Murcia de la Administración de Bienes y Derechos del Estado.
Brugarolas recordaba que, al tomar posesión de su cargo en julio de 1896, encontró 109 fincas anunciadas para la venta por su antecesor, Mariano Bareliola. De ellas, suspendió la subasta de 60 hasta aclarar los linderos. Además, Brugarolas negaba que se incluyeran el santuario y los monasterios. Decía la verdad. ‘El Diario’ comprobó que solo abarcaba “un pequeño trozo, el que rodea la fuente de la Pioja, con este y otro venero de agua”. Ni rastro de la Luz y Santa Catalina ni de sus terrenos adyacentes.
En las mismas páginas, el popular periódico murciano se hizo eco de la carta de “un buen número de señoras”, encabezadas por la marquesa de Salinas, que protestaban por la subasta y proponían enviar una carta al Gobierno central. Por esa razón, pedían que se anunciara la iniciativa “para que todas las que deseen adherirse con su firma puedan hacerlo”.
Al día siguiente le tocó el turno a Mariano Baleriola, quien rechazó de plano que él hubiera vendido “nada que tenga relación con los bienes” de la Fuensanta. “Después de cesar en aquel cargo, nada me consta de los ocurrido ni estoy obligado a saber”, concluía en su breve comunicado.
La subasta en cuestión se realizó el 9 de agosto de 1897. Comprendía tres lotes. El primero de ellos eran 4 hectáreas y media de olivos y las fuentes de la Pioja y San Diego. El segundo, de 62 fanegas, parecía afectar al santuario de la Patrona. Y del tercero, de 50 hectáreas, se sospechaba que incluía el monasterio de La Luz. El montante de la venta ascendió a 1.176 pesetas, de las cuales solo correspondían al Tesoro Público el 20%: 235,20 pesetas. El resto engrosaría las arcas municipales.
Con la Guardia Civil
Mientras el delegado de Hacienda ordenaba no dar posesión administrativa a los compradores, el gobernador se mostraba decidido a proteger al Cabildo en su dominio de las tierras “amparándolo, si fuese necesario (que no lo es) con la guardia civil”, como refirió ‘Las Provincias’.
El rotativo, por otro lado, publicó que el Cabildo no tuvo conocimiento de la subasta pues “ni siquiera ha precedido el requisito previo de la incautación y requerimiento al dueño y poseedor”. Eso, sin contar con la incógnita de saber qué linderos exactos comprendían los terrenos en venta.
Más tarde se supo que, al tratarse de terrenos municipales, no era necesario darle publicidad a la subasta –que sí la tuvo en el propio tablón de anuncios del Consistorio-, máxime cuando el entonces alcalde, Enrique Ayuso, había autorizado con su firma la venta. Otra cosa sería que no supiera ni qué firmaba, claro.
La solución al problema no era complicada. Bastaba con que se anulara la venta y el Ayuntamiento de Murcia entregara al Estado las 235 pesetas que le correspondía. “El Estado percibe lo que quiere percibir; nada se discute y en paz”, concluía ‘Las Provincias’. Pero no hizo falta, pues el ministro telegrafió a Murcia para ordenar que se anularan todas las subastas. Y a otra cosa.
No era la primera vez que se ponían en venta terrenos de la Fuensanta y La Luz. Alrededor de 1840 fueron subastados por el marqués de Camachos, aunque la rápida intervención del Cabildo y el Consistorio lograron frenar la venta y conseguir su propiedad. La polémica obligó a desempolvar remotos legajos que probaban la propiedad pública de aquellos pagos. Así, un acuerdo de cesión de aguas fechado en 1819 y otro, de 19 de febrero de 1429, referido a la “donación hecha por el Concejo de la huerta y árboles de Santa María de la Fuensanta, con el agua de ella”.
La polémica de 1897 se calmó pronto. De hecho, alguno de los nuevos propietarios renunció a sus derechos en beneficio de la ciudad. El debate se centró entonces en la legalidad o no del proceso. Pero tampoco duró demasiado. ‘Las Provincias’ sentenciará la cuestión al señalar que, “salvadas como están ya [las haciendas de la Fuensanta y La Luz] declaramos que todo ha sido muy legal, muy correcto, muy pulcro”.