Murcia, pionera en tantas cosas, también puede arrogarse el caso que culminó con la primera sentencia en España que abriría el camino a la indemnización por los daños causados por difamación. Y la historia no tiene desperdicio, a pesar de las inmundicias que en su día vertiera el diario ‘El Liberal’ contra la respetable familia Musso. Todo comenzó hace un siglo, en septiembre de 1910. El periódico madrileño, que contaba con una edición en Murcia, publicó en portada un titular sorprendente: «Fraile raptor se suicida». Los hechos habían sucedido en Totana y la crónica fue transmitida a la redacción, como era costumbre, «por telégrafo». Pese a esta advertencia, lo cierto es que en ‘El Liberal’ se limitaron a plagiar al diario Nueva España, que había publicado la noticia en su edición vespertina.
Según el rotativo, un par de días antes se había fugado «de su convento de capuchinos el padre Fulgencio Novelda», quien era vicepresidente y profesor de Física del colegio que la orden religiosa mantenía en la ciudad. Y no se había fugado solo. El fraile iba acompañado por «la bellísima señorita María Josefa Musso Garrigues, de quien había tenido escandalosa descendencia tres meses antes».
La pareja logró alcanzar la ciudad de Lorca, donde fueron sorprendidos por un tío de la joven. «El mencionado religioso atentó contra su vida, quedando muerto en el acto», continuaba el diario. La señorita Musso «fue devuelta al seno de su familia».
En Murcia no se publicó la noticia, aunque sí en todas las ediciones de ‘El Liberal’. Tres días después, los lectores de la Región pudieron leer en la primera página de la edición murciana un comentario sorprendente. Porque ‘El Liberal’ anunciaba la «indignación y protesta» que había provocado «un suelto publicado en el número de Nueva España [&hellip] en el que se ataca desmesuradamente el pudor de la digna señorita María Josefa Musso». Ni media palabra de su propia edición.
El escándalo fue monumental. La joven, de 15 años de edad, era además la hija del alcalde, quien viajó hasta Madrid para matar al director, el diputado liberal Miguel Moya, y a cuantos redactores intentaran detenerlo. El caso pronto devino en cuestión política nacional.
El murciano, abogado y diputado conservador Juan de la Cierva se encargó de defender ante los tribunales al atribulado alcalde. El acierto fue presentar una demanda por lo civil, para evitar que Moya pudiera ampararse en su escaño de diputado si se planteaba una querella criminal. En primera instancia dieron la razón a De la Cierva, y después la Audiencia de Madrid y el Tribunal Supremo aumentaron y ratificaron la indemnización. La condena se elevaba a 150.000 pesetas de la época, una fortuna que debían satisfacer, de forma solidaria, el editor y el director de ‘El Liberal’.
El Supremo concluyó, a los dos años de los hechos, que la honra, el honor y la fama de la mujer «constituyen los bienes sociales de su mayor estima» y que el hecho constituía «una total y absoluta expoliación de la dignidad personal, familiar y social de la joven ofendida» al presentarla en las páginas de El Liberal «culpable de fuga del hogar paterno y de amancebamiento sacrílego consumando».
Los jueces destacaban que la publicación de hechos falsos en un periódico de gran circulación «hacen la rectificación imposible». Era la primera vez que el Supremo reconocía el derecho al honor, señalando una indemnización por los perjuicios causados. Hasta entonces, la jurisprudencia mantenía que el honor «no es valorable», lo que impedía cualquier tasación. A partir de entonces, difamar podía costar muy caro.
‘El Liberal’ se revuelve
El diario ‘El Tiempo’, en su edición vespertina del 7 de diciembre de 1912, se apresuró a anunciar en su portada la exclusiva de la sentencia del Supremo, filtrada al rotativo por «un cariñoso amigo nuestro». Las consecuencias de la sentencia fueron inmediatas. ‘El Liberal’ y sus asociados arremetieron contra la decisión judicial, aunque ya nunca volvería a recuperar el crédito entre los lectores. Decenas de «insignes juristas» fueron consultados. Alguno de sus argumentos eran a la desesperada.
En una de sus ediciones, el periódico señalaba que si «la señorita Musso se casa, y se casa bien, con varón apuesto, de excelentes prendas, de gran posición, sobre todo de gran posición económica y social, ¿qué trascendencia en su honor y patrimonio habrá tenido la injuria?, ¿cuál será en este caso la cuantía del perjuicio?».
El día 12 de diciembre, también en portada, ‘El Liberal’ publicó una tabla con las indemnizaciones fijadas en otros delitos para ilustrar la supuesta arbitrariedad del Supremo. Así, por la violación de una joven, un tribunal impuso 250 pesetas; 500 pesetas por corrupción de menores; 350 pesetas de indemnización por la muerte de un obrero&hellip y concluía que para «el yerro involuntario», el publicar «una noticia equivocada», se imponían 150.000 pesetas.
