Las vidas de los murcianos de finales del siglo XIX tenían un precio. Como las de cualquier época. Pero en aquellos años, al contrario que ahora sucede, se sabía exactamente lo que costaban: 1.500 pesetas. Era una fortuna, claro, pero también la cantidad necesaria para librarse de ser enviado a la Guerra de Cuba. A través de las llamadas “redenciones” cualquier joven quedaba exento de formar parte de las milicias. Y Hacienda quedaba contenta de engrosar sus arcas. Sin embargo, aquel sistema injusto, que costaría la vida a tantos pobres huertanos, se derrumbó. Y lo hizo como se hacen las cosas en Murcia: Con una escandalera.
Al principio nadie reparó en que algunos hacían negocio con las redenciones. El diario ‘El Heraldo de Murcia’, con fecha 3 de mayo de 1898, anunció que la Delegación de Hacienda había recaudado “cuarenta y cuatro ingresos por reducciones en el servicio militar”. En total, 66.000 pesetas que permitirían a aquellos mozos esquivar su llamamiento a filas. A la noticia no se le dio importancia. Incluso menos que a la presentación del libro de un joven poeta de “merecida reputación”. Se trataba de la obra ‘Aires Murcianos’, de Vicente Medina.
Muchos ‘inútiles’
El desarrollo del escándalo no tiene desperdicio. De entrada, en Murcia había en 1898 un total de 432 “inútiles”. Tantos como así se declararon ante los tribunales médicos. Aunque luego muchos de ellos eran, más que inútiles, listos como el hambre. Las cifras fueron aportadas por el profesor Juan José Sánchez Baena en su espléndido trabajo ‘Resonancias de la guerra hispano-norteamericana en Murcia’. El investigador reveló que en el reemplazo del 98, de los 5.292 alistados en Murcia solo 2.890 -un 55%- se declararon aptos para el servicio.
El resto quedaron excluidos por no superar la talla exigida, en su mayoría, por “inútiles” o, como le gustaba a Hacienda, tras abonar las 1.500 pesetas. Como apunta Sánchez Baena, que la mitad de los alistados lograra librarse de la incorporación a filas “era significativo de que algo ocurría”.
Aunque en toda España se detectarían fraudes más tarde, en Murcia adquirió una especial trascendencia el escándalo. Primero, porque fue aquí donde se descubrió la trama. Y segundo, porque su protagonista era un diputado, Miguel Jiménez Baeza, quien hoy mantiene calle propia: la que desemboca en la plaza de Las Flores y tiene parada obligada en la Pastelería Zaher. Pero, para pastel, pastel especial relleno de sesos o mejillones, el que armó el diputado tras ser nombrado médico de la Comisión Mixta de Reclutamiento.
Algunos autores creen que Jiménez Baeza benefició a amigos y conocidos con la exención del servicio militar. Pero hubo más médicos implicados y, en algún caso, hasta cobraron comisiones por declarar inútiles a muchos.
En el Congreso
La denuncia fue realizada por el senador López Parra, quien exigió un comisario regio que investigara las irregularidades. Aunque el nombramiento se publicó en el Boletín Oficial de la provincia con fecha 20 de junio, la prensa no prestó atención al asunto. Aunque sí se requirió a los ayuntamientos que remitieran a Madrid los datos pormenorizados. Pero no utilizaron el modelo aprobado por el Gobierno. Así que se volvieron a reclamar, sin que entonces casi ninguno hiciera caso de la orden.
El senador, pasado el verano, insistió en denunciar “el caciquismo y su hermana gemela la inmoralidad” como causantes del problema. Y la cuestión, como era de esperar, se politizó. El día 16 de septiembre, ‘El Diario de Murcia’ transcribió el debate que acogió el Congreso. Jiménez Baeza advertía de que en otras ciudades el porcentaje de exentos era hasta un 12% superior. “Se pone a la provincia en tela de juicio”, lamentaba el diputado en la que era su primera intervención en la Cámara.
La revisión de las quintas comenzó el 26 de noviembre. La mayoría de los jóvenes no compareció y otros fueron excusados por familiares y amigos. Tan evidente fue la desbandada que el comisario regio amenazó con declarar aptos para el ejército a cuantos no acudieran al tribunal médico. Y fueron todos, claro, acompañados de sus padres supuestamente incapacitados.
“Mi hijo, a Cuba”
Uno de ellos, José María Giménez, denunció que en los últimos reemplazos se había librado por ser “hijo de padre impedido”. Pese a ello, en 1898 le exigieron el pago de “300 pesetas”, que la familia no tenía, para quedar excluido. Y el pobre anciano, al conocer que su hijo iría a Cuba, falleció a los pocos días. “Hoy soy hijo de viuda pobre”, suplicaba el joven Giménez para librarse de nuevo. Similares denuncias se constataron en la instrucción del caso cuyas sesiones se celebraron “a puerta cerrada”.
A finales de año se habían anulado unas 180 exclusiones, con los lógicos enfrentamientos entre las partes implicadas. Se dio la curiosidad de un padre que, a pesar de haber quedado exento su hijo para que lo cuidara, exigió que lo mandaran a Cuba “pues ni me mantiene ni hace nada en mi favor”. El caso quedó cerrado el 30 de enero de 1899. Una Real Orden ratificaba los dictámenes de la comisión y sancionaba la conducta de los médicos “Jiménez Baeza, Castillo, Alonso y otros”.
El 28 de febrero, Jiménez Baeza presentaba su renuncia al acta de diputado. Y abandonó el Congreso, aunque no por aquella legendaria sendica que cantara Vicente Medina por la que se marcharon los hijos de muchos murcianos para no volver nunca.
Desde luego que siempre tenemos que dar la nota… ¡y para mal!